Proyecto de Ley pone fin a contratos y concesiones del Estado en caso de empresas que cometen delitos.

Valparaíso, junio 19 de 2018.- El Senador independiente, Alejandro Guillier, junto a sus pares Juan Ignacio Latorre (RD), Adriana Muñoz (PPD), Francisco Huenchumilla (DC) y José Miguel Insulza (PS), ingresaron un proyecto de ley que busca modificar el tipo penal de las empresas que, manteniendo concesiones o contratos con el Estado, cometan ilegalidades de distinta naturaleza lo que significará el término de la relación con el Estado.

Según explicó el senador por Antofagasta, nuestra legislación actual no contempla medidas que lleven a la cesación de un contrato o concesión cuando una empresa comete delitos, específicamente delitos tributarios o incluso aquellos delitos electorales como es el financiamiento ilegal de la política.

“Lo que hace este proyecto de ley que estamos ingresando hoy es ampliar los tipos penales para las empresas que participen en delitos, por ejemplo, en financiamiento ilegal de la política, como también aquellas que presentan boletas falsas, o bajan su carga impositiva de manera fraudulenta, etc., todas ellas van a ser condenadas a la prohibición de concesiones de toda especie, de manera temporal o perpetua. Creemos que esa es una forma de proteger al Estado y evitar el enriquecimiento inmoral de ciertas empresas que cometen delitos y siguen manteniendo y postulando a concesiones del Estado”, dijo Guillier. Asimismo, explicó que en el caso de las concesiones mineras se pondrá término inmediatamente a la concesión o contrato que una empresa mantenga con el Estado y haya sido condenada por los delitos tributarios o electorales.

El senador Guillier señaló que “de la misma forma en que seremos perseverantes en la defensa de los recursos que son del Estado y de todos los chilenos es que vamos a insistir en prohibir que empresas que atentan contra la democracia accedan a la exploración y explotación obteniendo millonarias utilidades al mismo tiempo que cometen delitos”, mientras que adelantó que en los próximos días ingresará a la tramitación un proyecto de Reforma Constitucional que permita rescindir del contrato existente entre Corfo y SQM por las situaciones que se han conocido y que el propio parlamentario ha denunciado frente a la Contraloría General de la República y la Fiscalía Nacional Económica.

Por su parte, el senador José Miguel Insulza, dijo que “este proyecto viene a complementar el marco normativo actual, por cuanto hoy se sanciona a las personas naturales y es necesario establecer sanciones para las personas jurídicas”

Maritza Canobra