UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Aunque a ratos la agenda pública deja de hablar de este tema, no nos olvidamos del propósito dotar a Chile de una nueva carta fundamental, una nueva base sobre la cual se ordene nuestra vida en comunidad. Una Carta Fundamental creada en democracia, con participación de las mayorías y con respeto por las minorías.

La sociedad chilena vive tiempos de cambio. La estructura institucional y el modelo político crujen como un barco no apto para navegar en estas aguas de más ciudadanía, de necesidad de distribuir más poder a las personas y a las regiones, de urgencia por nuevos problemas y desafíos del siglo XXI, que deben ser afriontados con tolerancia y apertura.

Una Constitución que abra espacios reales a la participación ciudadana, que sea capaz de mirar y pensar el país desde las regiones hacia el centro, justa con los territorios, que no asfixie la creatividad y el aporte de todos, de los jóvenes, de los peblos originarios, de las grandes ubes pero también de los pequeños villorrios. En definitiva, una Carta Magna que trate a sus ciudadanos como adultos, que ponga énfasis especialmente en la equidad de género, en la diversidad, en el reconocimiento de todos los pueblos, en la autoderterminación de las persoans. En fin, Chile necesita una política capaz de enfrentar estos desafíos transformadores de modo eficaz y oportuno, y para eso necesitamos una nueva Constitución.

Una Constitución que permita a nuestros jovenes votar desde los 16 años en todas las elecciones: Presidenciales, Parlamentarias, Consejos Regionales y Municipales. 

Una Constitución que señale que Chile es una comunidad de naciones, en la que conviven la nación chilena y las indígenas, organizándose en un Estado unitario, descentralizado y plurinacional y que sea una herramienta para erradicar todo abuso en cualquier plano.

REFORMA AL SISTEMA JUDICIAL

Propongo una modernización de la administración de poder judicial. Lo primero es concentrar a la Corte Suprema en su rol esencial como entidad de Derecho y dejando el gobierno judicial a un consejo multiestamental del propio Poder Judicial que aborde las calificaciones de jueces, audiencias, nombramientos, administración de recursos materiales, etc.

Nuestra Corte Suprema debe estar concentrada en estudiar y fallar materias fundamentales del Derecho. Para ello sus fallos deben sentar precedentes, debe tener facultad de seleccionar los casos que conocerá y fallará, la doctrina jurídica de sus fallos debe tener fuerza vinculante en dod el Poder Judicial. Veo a la Corte Suprema como fuente del Derecho, con fallos que se constituyan como complemento de la legislación y un aporte a la certeza jurídica.

Adicionalmente se debe modificar sustancialmente el sistema de nombramientos del Poder Judicial, para dar certeza de objetividad, reconocimiento al mérito y a las capacidades, sin excepciones y estableciendo reglas de participación regional y de género en las designaciones a todo nivel.

Otro pendiente es avanzar en la Reforma al Sistema Procesal Civil permita poner al proceso civil a la altura de los tiempos, sumándolo a la oralidad que ya es realidad en materia penal, laboral y de familia. El proceso civil es el de mayor aplicación y el más cercano a las necesidades cotidianas de los ciudadanos (también en su dimensión de consumidores) y de las pymes, que requieren una tutela rápida y accesible de sus derechos y una protección eficaz contra los abusos. 

En la Justicia Penal, requerimos actualizar el catálogo de las conductas que merecen mayor reproche social y las sanciones adecuadas. Nuestro Código Penal valora y sanciona las conductas que la sociedad rechazaba en el siglo XIX. Aún no se hace adecuadamente cargo de los atentados a la vida en sociedad del siglo XXI. 

Busco un nuevo Código Penal que, por ejemplo, proteja firmemente la vida y la integridad sexual y que sancione severamente esos graves atentados al interés general del país que son el abuso, la colusión y la corrupción.

Es preciso actualizar el catálogo de “delitos de cuello y corbata”, delitos ambientales y los de corrupción y financiamiento ilegal de la política, estableciendo penas proporcionales a la magnitud del daño que causan a la sociedad y terminando con las penas alternativas, pues ello configura una justicia sesgada, donde los delitos para pobres son duramente sancionados y los delitos para ricos reciben amonestación, penas alternativas o clases de ética. En Europa o Estados Unidos, quienes se coluden para robarle al consumidor o estafar al pequeño accionista terminan en la cárcel. 

Junto con ello requerimos un Ministerio Público con mejores estándares. No es tolerable que, principalmente en delitos contra la propiedad, haya casi un 90% de impunidad, ni que más de la mitad de las denuncias se archiven sin investigar. Debemos limitar severamente la facultad de los fiscales para archivar sin investigar. 

POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Nuestra sociedad necesita tener instituciones más confiables. Ello pasa en gran medida porque las elites y las clses dirigentes comprendan que son demasiados los episodios en que la fe pública ha sido dañada de modo grave por los más privilegiados. En esto, los secotres públicos y proivados se distinguen poco.

Proponemos la implementación de una politica nacional que actualice las políticas de probidad y mejore el control preventivo y activo en la materia. De igual modo debemos actualizar la tipificación de delitos y penas en materias de corrupción, cohecho y negociación incompatible de acuerdo con estándares internacionales. También proponemos ampliar la protección a funcionarios bajoa cualquier régimen de contratación que denuncien irregularidades; reforzar el sistema de auditoría interna de los organismos públicos y aumentar las restricciones a la “puerta giratoria” entre la función pública y los empleos privados, incluyendo a directivos privados de sectores regulados que quieran ingresar a los organismos reguladores

DELINCUENCIA

Este flagelo no para. Muchos anuncios y pocos resultados se repiten gobierno tras gobierno.

Nuestro propuesta más urgente es la creación de la Defensoría de las Víctimas de Delitos, para defender a los ciudadanos velando con exclusividad por sus intereses ante un hecho delictual y atender en forma integral a las familias a través de la asistencia jurídica (asesoría y representación judicial), social y/o psicológica especializada.

En segundo término hemos propuesto atacar el tráfico de drogas y el crimen organizado desarrollando especialmente inteligencia policial en el ámbito del lavado de dinero, mejorando herramientas tecnológicas y financieras para la detección de activos y operaciones sospechosas. 

FORTALECIMIENTO DE LA SALUD COMO BIEN SOCIAL Y NO COMO NEGOCIO

Chile debe renovar su compromiso con una salud publica universal y solidaria. Hemos propuesto destinar el 3% de la cotización previsional de salud para asegurar que el sistema de Salud Primaria atienda al 100 por ciento de los chilenos, sin distinciones. 

De igual modo debemos frenar las malas prácticas en el sistema privado de salud que amplían las utilidades de los dueños del sistema a costa de la salud de los chilenos y chilenas. Que las isapres no funciones integradamente con clínicas, laboratorios y farmacias, que no confundan su administración, que no aumenten mañosamente los costos de la salud para asegurar la rentabilidad del sistema. 

Para nosotros la salud es un derecho y las instituciones, tanto aseguradores como prestadores, deben estar a disposición de la salud de los chilenos y no los chilenos a disposición de estas empresas.

EQUIDAD DE GÉNERO

Aún en el Chile del siglo XXI las mujeres sufren marcadas discriminaciones y enfrentan fuertes barreras para incorporarse al mundo laboral, social y político en igualdad de condiciones. Buena parte de estas barreras se van gestando en el plano cultural y educacional.

Existe un trabajo doméstico y de cuidado invisible y no remunerado: las mujeres destinan al menos 3 horas diarias más que los hombres al trabajo doméstico al interior de las familias. La mujer chilena enfrenta discriminaciones en sus pensiones, en la salud privada y en sus derechos sexuales y reproductivos. Además enfrenta multiples formas de violencia y acoso no suficientemente sancionadas y perseguidas.

Chile requiere cambios sustantivos en las legislaciones para incluir efectivamente responsabilidades parentales compartidas entre hombres y mujeres; responsabilidades domésticas compartidas; protección de la infancia desde el embarazo y hasta la incorporación de los niños al sistema escolar y un sistema de seguridad social que concilie trabajo y vida en común. 

Algunas de mis propuestas son que, mientras no haya un cambio por el cual hombres y mujeres destinen iguales esfuerzos dentro de los hogares a las tareas domésticas y de cuidados, debemos destinar una parte del fondo de ahorro colectivo en pensiones a reconocer ese trabajo invisible y no remunerado de las mujeres, mejorando sus pensiones para igualarlas a la de los hombres. Las mujeres no deben hacerse cargo solas de su mayor longevidad.

Todo niño y niña que habita en nuestro país debe tener derecho garantizado a sala cuna y jardín infantil, al margen de la condición laboral de sus madres y padres.

Debemos crear un Plan Nacional de Formación Permanente y Empleo para las Mujeres, con contratos de trabajo, condiciones laborales y protección social adecuada a sus especificidades y realidades (por condiciones de ruralidad, patrones culturales de trabajadoras inmigrantes e indígenas).

Eliminar las injustas brechas salariales fiscalizando el cumplimiento de la igualdad de remuneraciones de trabajos del mismo valor entre hombres y mujeres. Eliminar el sesgo en contra de la mujer en las Isapres, sin sacar laplata de la misma familia como ha propuesto el actual gobierno. 

Acceso a cargos directivos: Legislar para aumentar la participación de las mujeres y reducir la brecha con los hombres en roles gerenciales, en las direcciones ejecutivas y directorios de empresas, en las actividades científicas y universitarias, así como en las organizaciones de representación económica empresariales y sindicales a todo nivel.

Quizás la mas relevante en el largo plazo: Fin al sexismo en educación. Debemos legislar para terminar con la educación sexista que reproduce en los textos escolares y mallas curriculares estereotipos y prejuicios hacia las mujeres, desde la educación preescolar hasta la educación superior. Esta educación sexista es el primer paso para la discriminación y la violencia contra la mujer. Además debemos incluir la temática de género en la formación de docentes, incorporando una educación por la igualdad de las mujeres en la formación de los profesores. 

Creo que debemos establecer como delito de acción penal pública la violencia de género, en todas las familias y en todo tipo de parejas, de tal forma que pueda ser denunciada por cualquier testigo y no sólo por la víctima. Impulsaremos sanciones reales en la fase temprana del proceso judicial por violencia de género, se prohibirán los acuerdos y se establecerá la reparación económica de parte del atacante a la víctima. Además, debemos crear un programa nacional de reinserción laboral y apoyo psicológico que permita a la víctima de violencia encontrar un empleo en la misma ciudad donde reside o en otra, con el objetivo de cortar la dependencia económica con el victimario. 

Debemos asegurar también el acceso libre, gratuito y garantizado a todos los métodos de anticoncepción, incluido el de emergencia.

TRANSPORTE PÚBLICO EN REGIONES

Proponemos modificar la ley N° 20.378 sobre mejoramiento del transporte público en regiones (espejo Transantiago) para que dichos recursos (USD 600 millones) solo puedan ser destinados a fortalecer la calidad de transporte público en regiones a través de subsidiar la operación de los servicios y el financiamiento de la infraestructura. No puede ser que el Parlamento haya exigido esta compensación para los ciudadanos de regiones y el Ejecutivo termine utilizando estos recursos en cualquier otra materia sin mejorar el transporte para los vecinos de las regiones.

Con esos recursos se deben implementar mejores tecnologías en trasnporte público en regiones al mismo nivel que en Santiago, en ámbitos como la antigüedad de buses, la norma de emisión, la gestión de flota y los medios electrónicos de pago. De igual modo se debe actualizar en regiones la infraestructura y la gestión de transporte, en materias como la integración tarifaria y modal, la infraestructura para peatones, ciclistas, corredores de tránsito rápido para buses y el desarrollo y mejoramiento de los trenes de cercanía en regiones. 

REGIONALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PODER

Nuestro país será más justo cuando exista una Ley de Financiamiento Regional y Responsabilidad Fiscal y un programa real de Transferencia de Competencias desde Ministerios y Direcciones Nacionales a cada uno de los 15 Gobiernos Regionales, en fomento productivo, desarrollo social, infraestructura y ordenamiento territorial, con un criterio flexible y adecuado a los requerimientos de cada región.

Debe darse carácter vinculante a los “Contrato Región” como instrumento de acuerdo entre el Gobierno Regional y el Ejecutivo Central, articular el quehacer regional y el nacional, generando sinergias entre las políticas nacionales y las regionales de desarrollo. Debemos implementar una descentralización fiscal que otorgue mayor independencia económica para el desarrollo regional, aumentando presupuestos regionales y profundizando la independencia y responsabilidad del manejo de dicho presupuesto. Es urgente el trámite de una Ley de Rentas Regionales para incentivar inversiones a través de un sistema tributario de discriminación positiva, que rebaje impuestos de primera y segunda categoría a personas y empresas que se emplacen en regiones y que asegure que la riqueza quede para beneficio de los territorios y la gente donde se realizan las actividades productivas.

PENSIONES

Financiar parte de los mejoramientos con una nueva cotización a cargo del empleador. Chile es el único país de la OCDE donde los empleadores no aportan al sistema de pensiones. Estamos de acuerdo con la propuesta de crear una nueva cotización del 5% de las remuneraciones a pagar por el empleador. Con este 5% de 

ahorro adicional debería distribuirse en cuentas individuales y en fondo de ahorro colectivo que permita subir las pensiones de modo inmediato, mediante herramientas como un Bono Mujer, un reparto solidario inmediato a todos los pensionados con bajos ingresos y un sistema de ahorro intrageneracional.

Chile está en condiciones de lograr mediante estas medidas que ningún pensionado se encuentre bajo la línea de la pobreza. Además, todas las personas que estén en el Registro Social de Hogares y que cumplan con los requisitos establecidos deberían, a partir de los 70 años, recibir los beneficios del Pilar Solidario de modo automático.

También he propuesto legislar para regular mejor a las AFP, que sea evidente que lo que se busca es mejorar la rentabilidad de los fondos y no la rentabilidad de las AFP. Debe terminarse el cobro de comisión de las AFP sobre las pensiones de Retiro Programado, ampliar la cobertura de la exención de la cotización de salud a los pensionados al 90% de la población e incentivar la competencia y aumentar la regulación de las Compañías de seguros en el ámbito de pensiones. 

Un beneficio pendiente es la tarifa reducida en el transporte en todo el país para todos los adultos mayores y gratuidad para los más vulnerables. Se estima que un tercio de los ingresos que reciben los adultos mayores lo gastan en transporte. Por eso mismo, hacer como país el esfuerzo de reducir ese gasto es un aporte inmediato a la mejora de su calidad de vida. 

DIVERSIDAD SEXUAL

Debemos avanzar en reconocimiento, igualdad y no discriminación.

Entre otra materias, propongo derogar el artículo 373 del Código Penal, sobre ofensas a “la moral y las buenas costumbres”, cuyas falencias permiten su interpretación arbitraria, sancionando las demostraciones de afecto en público por parte de las personas. También el artículo 365 del Código Penal, que sanciona la denominada “violación impropia” haciendo distinción en la edad de consentimiento entre las parejas heterosexuales por un lado y parejas homosexuales por otro, provocando una desigualdad ante ley por la orientación sexual. 

Pido la para la tramitación del Proyecto de ley de Matrimonio Civil Igualitario, dando cuenta de las muchas formas de hacer familia que existen hoy en nuestro país y la promoción de la igualdad de derechos en términos de la paternidad y/o maternidad, incluyendo el derecho a poder adoptar en igualdad de condiciones de todos los ciudadanas y ciudadanos. Debemos avanzar legislativamente en consagrar adecuadamente los derechos filiativos, lo cual permitirá avanzar en el respeto, reconocimiento irrestricto y protección legal de los hijos e hijas de las diversas familias. 

Debemos asegurar que el respeto a la diversidad sexual y de género sea parte de los contenidos curriculares de los programas de estudio, en consonancia con manuales de convivencia escolar que apunten a asegurar el respeto al nombre social de cualquier integrante de la comunidad escolar y la diversidad de formas y expresiones de afectividad.